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Sobre el sistema judicial de Colombia

Aspectos centrales

El sistema judicial colombiano se articula siguiendo el Modelo Francés y se divide en dos ramas:

  • Derecho privado (asuntos civiles)
  • Derecho público (asuntos administrativos y criminales)

Bajo la doctrina de la separación de poderes, el sistema judicial de Colombia incluye las siguientes instituciones:

  • La Corte Constitucional
  • La Corte Suprema de Justicia
  • El Consejo de Estado
  • Los Tribunales Superiores de Justicia
  • Las Cortes Regionales
  • Los Juzgados de Primera Instancia
  • Los Juzgados Administrativos

Evolución del sistema judicial colombiano

El sistema judicial colombiano ha experimentado numerosas reformas desde la independencia de Nueva Granada del Reino de España en 1811:

De 1832 a 1886: durante este periodo se aprueban seis textos constitucionales que organizan el sistema en torno a una Corte Suprema de Justicia con sede en la capital, Bogotá

1910-1914: se llevan a cabo nuevas reformas legales. El objetivo principal consiste en restringir los poderes acumulados en la figura del Presidente de la República. La Judicatura asume un papel fundamental en el control del Ejecutivo

1945: se realizan nuevas reformas de la Judicatura siguiendo el modelo continental europeo. El territorio es dividido en distritos judiciales y la Corte Suprema se articula en diferentes salas. Los jueces de la Corte Suprema son elegidos por las Cámaras legislativas a partes iguales entre el Senado y la Asamblea.

1991: en este año tiene lugar la mayor reforma de la justicia colombiana. La nueva Carta Constitucional dedica los artículos 234 a 257 del título VIII a regular el Poder Judicativo. Se crea la Oficina del Fiscal General de la Nación, organismo encargado de investigar los delitos – sea de oficio, sea mediando denuncia o querella – y de acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y los tribunales competentes. El Consejo Superior se articula en dos salas: la de asuntos administrativos y la de asuntos disciplinarios. Su función principal consiste en gestionar la Carrera Judicial. Asimismo, para los pueblos indígenas, lo establecido en la nueva Carta Constitucional de 1991 constituye un importante avance en su lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos civiles

2009: en este año, el Banco Mundial, preocupado por la degradación de la justicia en Colombia, lanza un programa (Proyecto para el Reforzamiento de los Servicios Jurídicos en Colombia) que intenta mejorar las capacidades de la Judicatura y del Ministerio de Justicia con el objetivo de afianzar la eficiencia del sistema

2013: a pesar de los esfuerzos realizados el Banco Mundial publicó este año un estudio que situaba a la justicia colombiana en el puesto 150 de una lista de 183 países. Según estas estadísticas Colombia cuenta con el tercer sistema judicial más lento y menos eficiente de América Latina, y el sexto del mundo.

La Unión Europea también ha mostrado su preocupación al repecto. Durante el diálogo sobre Derechos Humanos UE-Colombia que tuvo lugar en Bruselas el 17 de junio de 2013, oficiales europeos destacaron la necesidad de luchar contra el problema de la impunidad y sugirieron la necesidad una mayor cooperación entre la Unión Europea y Colombia en este ámbito.

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