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Problemas clave del sistema judicial de Colombia

La necesidad de una reforma judicial amplia es un problema común en varios países de América Latina donde grupos políticos y activistas hacen campaña por conseguir una mejora en este campo. La mayoría de los sistemas judiciales en el continente Suraméricano se caracterizan por su debilidad, su politización y su excesiva dependencia del Poder Ejecutivo.

En Colombia este problema se agrava porque las élites políticas y judiciales no están adecuadamente separadas y, en muchos casos, comparten miembros. Además, en Colombia se da el caso particular del uso indebido de la figura jurídica de la detención preventiva. Mientras que en la mayoría de países la detención preventiva se usa excepcionalmente en situaciones donde haya riesgo real de fuga del preso, o cuando éste suponga una amaneza para la sociedad si queda en libertad, en Colombia se usa de forma indiscriminada, lo que deriva en muchos casos en la violación de los derechos más esenciales del acusado. En definitiva, no hay un control ajustado a derecho de esta figura y no se respetan los límites de la misma regulados en el Derecho Internacional.

Por otra parte, los tribunales colombianos son objeto de crítica constante dada su ineficiencie crónica; su estructura burocrática es obsoleta y alambicada, lo que en la mayoría de los casos ralentiza la administración de justicia.

Todos estos factores derivan en una gran desconfianza en el sistema tanto por parte del sector privado como de la opinion pública. Sin embargo, el mayor de los fallos del sistema conlleva de forma directa que muy frecuentemente ciudadanos colombianos vean infringidos sus Derechos Humanos más básicos. Se han dando numerosos casos en los que ciudadanos inocentes se han visto desprovisto de su derecho a la libertad, en ocasiones durante años, para luego ser declarados inocentes y quedar absueltos.

Al contrario que en otros países los ciudadanos colombianos no son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y el uso descontrolado de la detención preventiva, combinado con la falta de independencia de la Judicatura, conlleva que la especulación de la prensa o las luchas políticas internas sean factores más que suficientes para privar de libertad a los desafortunados que presuntamente se vea implicados en alguna de estas causas. Por otro lado, las deficiencias burocráticas del sistema dificultan aún más si cabe la situación de los acusados, que pueden tardar años en probar su inocencia debido a la ineficiencia del sistema, provocándoles además de la pérdida de su libertad personal, grave daños en su reputación y estigmatización social.

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